¿Una crisis constitucional?

by I.G.

En 1990 pregunté en Arabia Saudí a un inglés que había pasado diez años alejado de su país qué había cambiado en aquella década. “El papel más prominente de las mujeres y que la gente sale más a menudo a cenar”, me dijo.

En los casi treinta años que he vivido en Londres yo añadiría la popularidad del café, el declive de los pubs y de la moqueta,… y unas cuantas cosas más. A la gente de aquí le gusta el detalle, la anécdota, la comedia. Ser aburrido acarrea estigma. Hablar de otros cambios, los que ahora describo, tiene ese peligro.

En mi tiempo como corresponsal de prensa vi a la Cámara de los Lores aprobar la expulsión de casi todos los lores hereditarios y en Parliament Square no había una pancarta, nadie se manifestaba; me cayó encima una granizada bíblica cuando hablaban en Stormont los firmantes del Acuerdo de Viernes Santo; fui a Buckingham Palace para ver el automóvil que llevaba a Margaret Thatcher detenerse en el primer semáforo de Hyde Park Corner tras su derribo como primera ministra; y asistí a una extraña ceremonia en la que una sala llena con popes laboristas fue invitada a la levitación retórica por Tony Blair, tras lograr que aprobasen el cambio del artículo de sus estatutos que prometía la nacionalización de los medios de producción.


 

Estamos viviendo ahora un tiempo excepcional en la política británica. El Reino Unido puede estar en el camino hacia su marcha de la Unión Europea y la cuestión constitucional es mucho más amplia.

Vernon Bogdanor explicó el otro día a un grupo de corresponsales su teoría de la crisis. El sistema electoral, tan elogiado por partidarios de la estabilidad del bipartidismo que se alterna en el gobierno, causa tales estragos en la proporcionalidad entre votos y escaños, por la emergencia de nuevas fuerzas, que debería cambiarse. La descentralización autonómica, el auge del partido independentista escocés y las respuestas precipitadas de Westminster provocan incoherencias insostenibles.

Había escuchado la víspera a Jeffrey Goldsworthy, que dio la conferencia inaugural del Proyecto Poder Judicial que ha acometido el grupo de estudios Policy Exchange. Es un experto australiano en cuestiones constitucionales.

Algunas ideas entre mis anotaciones. La primera: la incursión de los tribunales en el principio de la soberanía del parlamento, esencial en el sistema constitucional británico, se fundamenta en ‘la revolución de los derechos’, que, incorporando en la legislación doméstica convenios internacionales, otorga a los tribunales el mecanismo de revisión judicial de decisiones administrativas.

Segunda. La élite ha perdido la confianza en que la población pueda tomar decisiones de gobierno y se siente cómoda con la interpretación de esos derechos, que se formulan abstractos y nunca son absolutos, por jueces que pertenecen por educación a la misma élite. Y a la población tampoco le parece mal que los tribunales protejan esos derechos, porque desconfían de sus gobiernos.

Tercera. Ese prestigio de los jueces ha ocupado el espacio vacante por el desprestigio de los políticos. Se critica el ‘mayoritismo’ parlamentario, olvidando que los jueces también deciden por mayorías. La falta de confianza en la capacidad de la política para crear una comunidad de convivencia y el deterioro del principio de soberanía del parlamento como expresión de la sabiduría de la comunidad y garantía de las libertades amparan esa expansión judicial. Países escandinavos que son ejemplos de éxito político no han tenido textos constitucionales ni leyes específicas protegiendo derechos, porque la población no teme que el gobierno se los arrebate. En ausencia de ese mutuo respeto que lleva al consenso en la política, los jueces irrumpen con la coerción de la ley.


MagnaC-Salisbury-BR 

Equipado con los argumentos de esta conferencia pregunté a Bogdanor si, al añadir este otro problema a los que había enumerado, pensaba él que, como piden algunos partidos, el parlamento debe convocar tras las elecciones de mayo una convención constitucional y si ese trayecto no lleva- y esto no lo pide ningún político significativo- a una constitución codificada que remplace a la actual suma de leyes, de sentencias de los tribunales, de convenciones no escritas e interpretaciones librescas de autores consagrados.

Quedé pasmado por su respuesta afirmativa y avergonzado después porque, en su reciente panfleto, que yo tenía que haber leído, ya defiende alguna de estas ideas.

Este tipo de argumento era incocebible hace treinta años, eran ideas de ‘continentales’ que vivían con extrañeza en un sistema político que les parecía anacrónico o incomprensible. O de británicos ‘acomplejados’, que no apreciaban el vigor de la libertad y de la idea democrática en su país.

La paradoja del presente es que el Reino Unido puede abandonar la UE cuando ésta acentúa más la cooperación intergubernamental que la centralización, como sucesivos gobiernos británicos han querido, y que el sistema británico puede asemejarse más en el devenir de su crisis actual a los que son comunes en otros países europeos.