Referéndums en Gibraltar

by I.G.

El gobierno de Londres tenía que aceptar la celebración del referéndum escocés. Porque ya había organizado una consulta sobre la soberanía en una de sus home nations, Irlanda del Norte, en 1973.

Pero, cuando Alex Salmond inició su plan legislativo para convocar el referéndum escocés, David Cameron le señaló que la competencia para organizarlo era de Londres. La negociación entre ambos desembocó en la aceptación por Salmond de la exigencia principal de Cameron, que tendría que ser sobre una sola pregunta con dos opciones de voto.

El partido conservador de Cameron no siempre defendió que la competencia convocar consultas en sus territorios correponde al Parlamento británico. En 2003, Gibraltar organizó una sobre la cosoberanía del Peñón, una idea cuyos detalles aún negociaban los gobiernos de Tony Blair y de José María Aznar.

En este artículo conté cómo el portavoz conservador de asuntos exteriores defendió la legitimidad del referéndum convocado por el ministro principal, Peter Caruana. Verán que el ministro británico de entonces, Jack Straw, calificó como excéntrico el referéndum gibraltareño.

La presión del gobierno español sobre Gibraltar en los últimos años se debe- hay otros factores pero creo que este es el más importante- al descubrimiento por el ministro José Manuel García Margallo tras tomar posesión en el Palacio de Santa Cruz de una carta que precisamente Straw había remitido a Miguel Ángel Moratinos.

El ministro del PSOE no contestó a la misiva del británico, algo que en la convención diplomática denota en este caso que no se asiente a su contenido y que queda pendiente de respuesta.

Straw, en nombre de la diplomacia de la Corona británica, señalaba en esa carta, que no había leído hasta que Gibraltar Español la ha enviado amablemente en su comentario y que se envió cuando el referéndum gibraltareño había quebrado cualquier posibilidad de un acuerdo hispano-británico de cosoberanía, que el gobierno de Londres no iniciará negociaciones con España sin el consentimiento previo de los gibraltareños.

Esa carta es interpretada por Madrid como un cambio unilateral en el llamado proceso de Bruselas, por el que España y Reino Unido negociaban sobre la soberanía del Peñón, con la puntualización británica de que respetará los deseos de los gibraltareños. Que se expresaba, antes de la misiva de Straw, como una promesa de no efectuar ningún cambio en cuestiones de soberanía que no fuese respaldado por la población de Gibraltar. Ahora es un requisito para iniciar cualquier diálogo.

¿Es también un cambio unilateral del Tratado de Paz y de Amistad de Utrecht entre España y Gran Bretaña, en el que se funda la cesión del Peñón a la corona británica y en el que se basa la reivindicación española?

Se dice en el Artículo X del Tratado de Utrecht:

Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este Tratado que se dará a la Corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla.

La Corona de la Gran Bretaña puede argumentar que no ha dado, vendido o enajenado la propiedad de Gibraltar a los gibraltareños, pero se le acerca.

Ahora, el gobierno gibraltareño de Fabian Picardo ha presentado para su consulta pública un proyecto de ley para la organización de referéndums.

Su artículo 3:

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Dice que el ministro principal puede dictar una orden para celebrar un referéndum tras la aprobación de un proyecto de ley por el parlamento cuando este desee su ratificación popular o cuando el parlamento gibraltareño aprueba una moción del gobierno para celebrar una consulta.

¿Podría el parlamento gibraltareño decidir que se convoque un referéndum sobre la independencia? Podría hacerlo, pero el logro de tal objetivo si el resultado de la votación fuese un ‘sí’ tendría serios obstáculos.

En el despacho de la entonces ministra británica al gobernador de Gibraltar, en el que le confirmaba la promulgación por la reina de la Constitución gibraltareña de 2006, Margaret Beckett recordaba el punto de vista de Londres sobre sus obligaciones contraídas en Utrecht y que los gibraltareños no lo comparten.

 

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En la Constitución de 2006 hay otra salvedad. En ella se proclama el derecho de autodeterminación de los gibraltareños:

 

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Pero, en su Artículo 18, cláusulas (9) y (10), la Constitución señala que la moción de un referéndum para cambiar algún artículo de ese capítulo de derechos y libertades debe ser aceptada por el ministro británico de asuntos exteriores o modificada o revocada por la reina. Y su última provisión dicta el poder absoluto de la corona para modificar o revocar toda la Constitución:

 

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Escocia votará la independencia para luego buscar una relación confederal. La soberanía gibraltareña puede ser derogada por una orden de la reina. Pero gusta leer a gente que se toma la democracia en serio

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